¡Los derechos no se tocan!

La Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) no es solo un plástico que reduce la tarifa de transporte para los estudiantes del país: es un derecho conquistado, fruto de organización y movilización. Sin embargo, este vuelve a estar en tela de juicio tras la emisión de un dictamen de la Contraloría General de la República.

El organismo ratificó que, según el decreto N° 20 de 1982 del Ministerio de Transportes, que “Reglamenta el Pase Escolar”, la tarjeta puede ser usada los 12 meses del año, sin limitación horaria, siempre que el viaje sea con fines de estudio, pero a su vez aclaró que las empresas de transporte no pueden exigir que probemos estos motivos ante los choferes.

Lo ocurrido deja al descubierto una absurda contradicción: tenemos el derecho de transportarnos sin importar el día ni la hora, pero estamos atados a una lógica restrictiva que nos condiciona según el destino del viaje. Por tanto, la TNE debería ser entendida como un derecho absoluto, respaldado por normas claras que eviten toda vulneración.

Esta problemática no solo afecta a los estudiantes, sino también al mismo sistema en el que, de forma irregular, hay quienes utilizan la tarjeta sin ser parte de una institución educativa, lo que origina la desconfianza de los conductores y abre la puerta a actitudes generalizadas de rechazo, duda o, inclusive, agresión, generando un ambiente hostil entre choferes y estudiantes.

Estas tensiones no son nuevas, la discusión sobre el pase siempre ha estado marcada por la falta de consensos claros. De hecho, tras el retorno a la democracia, el sistema educativo heredó reformas impuestas por el régimen militar que fomentaban la privatización y profundizaban las desigualdades sociales.

La herida se evidenció en 2006, cuando más de un centenar de alumnos de educación media protestaron para exigir mejoras en el sistema. Entre sus demandas, estaba la creación de un pase escolar gratuito y unificado que facilitara la movilización hacia las instituciones.

Un año después, llega la TNE como respuesta a esta exigencia. Un acuerdo entre el Estado y las empresas de transporte permitió subvencionar la locomoción e incluir beneficios complementarios, como convenios con bibliotecas públicas e INJUV.

Sin embargo, en la práctica este derecho se ve coartado. Las diversas interpretaciones que las personas, e incluso organismo oficiales como la Contraloría, tienen sobre el uso del pase, dejan al estudiantado en una ambigüedad de acción. Esto también crea un estado de vulneración que no debería existir, porque si una persona obtiene el pase, su condición de estudiante no debe ser cuestionada bajo criterios de horario o fin.

Al igual que cualquier relación social, se trata de cooperación mutua. Si un individuo cumple con su responsabilidad de enrolarse en un colegio, instituto o universidad, y realiza los trámites correspondientes para obtener la TNE, no se debe invalidar o cuestionar su facultad de alumno regular. Porque sin importar la época del año, esa condición se mantiene; sigue siendo estudiante.

Aun en verano y/o en vacaciones, hay quienes rinden ramos, hacen prácticas, pasantías o deben realizar trámites administrativos, como matricularse o inscribir asignaturas. Sin importar el momento del año, esa persona seguirá siendo estudiante, por lo que el matiz que se creó para condicionarnos carece de criterios claros que reflejen la realidad de los alumnos y aunque el sistema lograra establecer una delimitación sobre el uso del beneficio, no podría abarcar la totalidad de situaciones de cada uno.

La locomoción, así como la Gratuidad o la BAES, es una herramienta fundamental para cursar nuestros estudios de manera eficaz, por lo que limitar su acceso debilita el derecho al estudio en condiciones dignas. Al fin y al cabo, de nada sirve defender ayudas como las mencionadas anteriormente si no se reconoce ni se resguarda un aspecto tan importante como lo es el transporte, puesto que obstaculizar su acceso termina afectando directamente al ejercicio de la vida estudiantil, que en diversas ocasiones consiste en más que ir y volver al establecimiento educacional in situ.

El presidente Boric anunció que impulsará cambios a la norma que aseguren que la TNE se pueda usar sin restricciones, una declaración que ayudó a “calmar las aguas”, pero que no erradica esta paradoja. El mandatario está a meses de retirarse y, con ello, podría persistir la dependencia a interpretaciones y a la voluntad política de turno. Por eso y por todo lo mencionado previamente, hoy más que nunca insistimos en que ¡los derechos no se tocan!